El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, inició este viernes su visita a Venezuela con una reunión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en la sede la Cancillería en Caracas.
Antes de la reunión, Lavrov fue recibido con bailes y música regional, si bien ninguno de los dos cancilleres hizo declaraciones.
Lavrov aterrizó en la madrugada al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde fue recibido con honores por Arreaza.
Rusia, junto a China y Cuba, es uno de los principales aliados internacionales del régimen de Venezuela.
La visita a Venezuela forma parte de la gira por la región que el jefe de la diplomacia rusa inició este miércoles y que le llevó primero a Cuba donde se reunió con su homólogo, Bruno Rodríguez.
Este jueves, estuvo en México, donde conversó con el canciller Marcelo Ebrard.
Aboga por un mundo multipolar
Durante su visita a México, previo a su llegada a Venezuela, Lavrov manifestó que Estados Unidos debe trabajar por un mundo multipolar.
“La realidad del mundo de hoy algún día hará entender a Estados Unidos que debe trabajar por un mundo multipolar y no intentar reanudar un modelo unipolar que no va existir nunca”, dijo Lavrov en conferencia de prensa en la capital mexicana.
Lavrov se expresó en ese sentido referirse a la resolución a la crisis política y social que priva desde haces meses en Venezuela y la intervención de Estados Unidos.
“No vemos otras medidas, como la de apoyar al gobierno no legítimo de Venezuela”, dijo el ministro ruso.
“Nuestros colegas norteamericanos están comprometidos con una idea de dictado y dicen que es una idea legítima, pero nosotros consideramos que esta idea puede socavar los lazos económicos y comerciales y contradice la carta de la ONU y de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, señaló.
Su visita se produce mientras el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, se encuentra haciendo una gira internacional durante la que ha sido recibido por el presidente de EEUU, Donald Trump.
Netflix permite deshabilitar la reproducción automática de los avances mientras se navega dentro de la plataforma. Ahora el usuario puede desactivar esta función siguiendo uno sencillos pasos.
“Para algunos usuarios esta herramienta es útil, y para otros no. Escuchamos el feedback de manera contundente y clara: los usuarios ahora pueden controlar si quiere o no ver la reproducción automática de los avances en Netflix”, comunicó la compañía en Twitter.
El servicio de streaming implementó en 2014 la opción de deshabilitar la reproducción automática del siguiente episodio de la serie que se está mirando. Y ahora suma esta opción para los preview que se ven mientras se navega por Netflix.
Cómo desactivar la reproducción automática de los avances:
Iniciar sesión en Netflix, luego ir a Cuenta (en el caso de la app hay que presionar las tres rayas horizontales al pie) y luego elegir la opción Perfil. Finalmente marcar o desmarcar la opción que dice “Reproducir automáticamente los avances mientras navegas (en todos los dispositivos)”.
Cómo desactivar la reproducción automática de la serie o película que se está mirando y también de los avances que se ven mientras se navega por la plataforma.
Cómo desactivar la reproducción automática del siguiente episodio
Esta opción, como ya se mencionó, está habilitada hace varios años. Para poder usarla tenés que, al igual que en el caso anterior, tener iniciada sesión en Netflix e ingresar en Cuenta/Perfil y marcar o desmarcar la opción que dice “Reproducir automáticamente el siguiente episodio de una serie en todos los dispositivos”
Como se ve, los cambios en la configuración son específicos de un perfil y se verán reflejadas en todos los dispositivos. Quienes tengan más de un perfil vinculado a su cuenta deberán hacer estos cambios en cada uno de esos perfiles.
Otros ajustes que se pueden hacer en Netflix
Pedirle a la plataforma que sume una película que querés ver
Es posible solicitarle a plataforma que incorpore una película o serie que quieras ver y no se encuentre en el listado de contenido disponible.
Para hacerlo basta con iniciar sesión en el portal y seguir los siguientes pasos:
Entrar en el sitio de ayuda de Netflix, ir hasta Vínculos rápidos y luego elegir la opción “Solicita series o películas”
Una vez allí se podrán ingresar hasta tres títulos de películas o series que se desee que Netflix sume en su sitio. Una vez hecho esto, se presiona la opción “Enviar sugerencia”.
Se pueden solicitar hasta tres títulos.
Tal como se menciona en ese apartado, una vez que se hizo la sugerencia solo resta esperar que el portal la tenga en cuenta y añada la alternativa propuesta. No hace falta volver a ingresar la petición más de una vez.
Por otro lado, el sitio menciona que cuando sumen títulos similares que puedan ser de interés para el usuario éste recibirá una notificación. Cabe recordar que dentro de la plataforma hay varias herramientas que permiten personalizar la experiencia, como las que se mencionan a continuación.
Control parental
Dentro del menú Ajustes de Cuenta, también está disponible una herramienta de control parental que se puede configurar en pocos pasos.
Dentro de Configuración se puede activar el control parental.
Configuración de la reproducción
Esta herramienta, que se encuentra dentro de Cuenta/Mi perfil permite ajustar la calidad de video para controlar los datos que se utilizan al reproducir contenido
Cómo saber si alguien está usando tu cuenta sin permiso
Para saber si alguien está conectado a tu cuenta podés ir hasta el menú de configuración y revisar la actividad reciente que se realizó desde la plataforma. Esto se puede hacer desde el navegador o el móvil. En este último caso habrá que ingresar en la app, presionar en las tres rayas horizontales para ingresar en Ajustes y luego ir hasta Cuenta.
Dentro de este apartado se puede seleccionar la opción “Actividad de streaming reciente del dispositivo”. Al ingresar allí se podrá ver un listado con el tipo de dispositivo usado, así como la fecha y hora de reproducción.
Es conveniente renovar la contraseña con frecuencia y evitar usar el mismo password en todos los sitios donde se tienen cuentas.
Si efectivamente ves que alguien ingresó sin permiso, entonces podés, también desde el menú de configuración de Cuenta y elegir “Cerrar sesión en todos los dispositivos”.
Como medida de seguridad, en estos casos se recomienda cambiar la contraseña de la plataforma. Si ese password se utiliza también en otros sitios, entonces también sería conveniente modificarlo en esos otros sitios, ya que si la contraseña es la misma se podría utilizar para vulnerar la seguridad en otros perfiles del usuario.
La ex congresista colombiana Aída Merlano, detenida en Venezuela, compareció el jueves en un tribunal de Caracas en donde se declaró perseguida del presidente de su país, Iván Duque, a quien acusó de querer asesinarla en complicidad con un sector de la clase política de la nación cafetera, versión que desmintió el Gobierno de Bogotá.
Merlano, condenada a 15 años de cárcel por la justicia de Colombia en 2019 por compra de votos y otros delitos, se fugó en octubre tras bajar con una soga desde un consultorio odontológico en Bogotá y huir en la parte trasera de una motocicleta.
La política fue detenida a fines de enero en Maracaibo, capital del estado noroccidental de Zulia, en la frontera con Colombia.
Merlano, de 39 años, llegó a la sede del tribunal escoltada por agentes uniformados y armados con fusiles, sin esposas en las muñecas e impecablemente vestida con pantalones negros, camisa blanca y chaqueta roja. Habló durante 45 minutos en la sala donde una jueza dijo que la ley venezolana contempla que un procesado puede declarar si así lo solicita.
“La desesperación me llevó a tomar la decisión de buscar refugio en este país, ya que soy perseguida del presidente de mi país, Iván Duque, con intención de asesinarme”, dijo la política quién aseguró no sabe cómo terminó metida en el lío jurídico que vive tras protagonizar la teatral fuga.
Aída Merlano es escoltada por efectivos de las fuerzas de seguridad chavista antes de una audiencia en un tribunal en Caracas. Palacio de Miraflores Vía/REUTERS
“Le pido al presidente de este país (…) que se me brinde protección”, agregó la ex congresista al asegurar que teme por su vida si es devuelta a Colombia.
Tras narrar parte de su vida personal y carrera política, así como el proceso en el cual terminó condenada, Merlano negó nuevamente las acusaciones por las que fue condenada en su país y sostuvo que fue víctima de “un montaje” de políticos poderosos.
El Gobierno de Colombia rechazó las acusaciones de Merlano y pidió al régimen de Nicolás Maduro que la entregue para que cumpla su condena.
“Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas”, dijo en una declaración a periodistas la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
“El régimen dictatorial en lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia”, agregó.
El caso de Merlano se ha convertido en un rompecabezas y ha provocado tensión entre los dos países, debido a que el gobierno de Duque reconoce al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como el legítimo presidente de la nación petrolera.
Merlano fue trasladada a Caracas y está imputada por los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir, según la fiscalía. Está detenida en una de las sedes de la policía de inteligencia venezolana.
La comparecencia de Merlano en la sede de los tribunales, en el centro de Caracas, fue anunciada por el Ministerio de Comunicación venezolano, que extrañamente invitó a los medios de comunicación a la sesión.
“Esto es un circo”, dijo a las afueras del edificio judicial el abogado Omar Mora Tosta, activista y defensor de derechos humanos, al destacar que familiares de algunos políticos venezolanos presos y la prensa no pueden acceder a los tribunales o las audiencias son aplazadas infinidad de veces.
Las medidas para hacer frente a la epidemia de neumonía viral se endurecían en todo el mundo, después de que causara más de 636 muertos en China, incluyendo a uno de los primeros médicos que alertó del peligro del nuevo coronavirus, fallecido este viernes.
El gigante asiático registró más de 30.000 personas contagiadas, y cada vez más ciudades dieron orden de quedarse en casa a decenas de millones de habitantes.
La epidemia también se cobró la vida, este viernes de madrugada, del oftalmólogo Li Wenliang, que murió en el hospital central de Wuhan. Él fue uno de los primeros en dar la voz de alarma ante la aparición del brote, lo que le costó que las autoridades lo acusaran de “propagación de rumores”.
Fuera de China continental, se confirmaron más de 240 casos de la enfermedad en una treintena de países y territorios.
Miles de viajeros y tripulantes están retenidos en dos cruceros en Asia.
En Japón, 3.700 personas de decenas de nacionalidades quedaron en cuarentena 14 días en el crucero “Diamond Princess” después de que se confirmaran 20 casos a bordo.
En Hong Kong, unas 3.600 personas corrían la misma suerte en el crucero “World Dream”, después de que tres antiguos pasajeros del mismo dieran positivo en las pruebas del nuevo coronavirus.
Y, según un comunicado de las autoridades japonesas, se detectó un caso a bordo de otro barco, el “Westerdam”, que navega rumbo a Japón.
Suspensiones de vuelos
Numerosas compañías aéreas suspendieron los vuelos con China continental. Las estadounidenses United y American Airlines cancelaron los vuelos también a Hong Kong e Indonesia bloqueó a miles de turistas chinos en Bali al anular las conexiones aéreas.
Air France y KLM anunciaron el jueves que prolongaban hasta el 15 de marzo la suspensión de sus vuelos a China continental, prevista en un principio hasta el 9 de febrero.
Bajo presión, las autoridades hongkonesas cerraron la práctica totalidad de pasos fronterizos con el resto del país e impondrán a partir del sábado una cuarentena de dos semanas a todos los visitantes provenientes de China.
A nivel de evacuaciones, dos aviones militares brasileños partieron para repatriar a sus ciudadanos de Wuhan, y otros dos aviones estadounidenses hicieron repatriaciones el jueves, mientras se preparan dos vuelos adicionales para el viernes.
Y aunque el miércoles se declararon “extremadamente preocupados”, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aseguraron el jueves que la competición se celebraría “según lo previsto”.
El balance de la epidemia ascendió a 630 muertos en China continental (sin contar Hong Kong y Macao), después de que la provincia de Hubei informara el viernes de 69 decesos más (y de 2.447 nuevo casos).Fuera de China, la enfermedad se cobró dos víctimas, una en Filipinas y otra en Hong Kong.
La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, de alrededor de un 2%, sigue estando muy por debajo de la de la epidemia del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) que mató a 774 personas en el mundo entre 2002 y 2003.
Hospitales construidos a contrarreloj
Dos semanas después de la puesta en cuarentena de la ciudad de Wuhan y de una parte su provincia, Hubei, donde se está propagando la epidemia, el sistema sanitario local está totalmente saturado.
En Wuhan, un hospital con 1.000 camas construido a contrarreloj, empezó a recibir a los primeros pacientes el martes. Un segundo centro médico, con una capacidad de 1.600 camas, debe entrar en funcionamiento este jueves.
Tras la cuarentena en toda la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei, que afecta a unos 56 millones de personas, un número creciente de ciudades del este de China están imponiendo restricciones a los desplazamientos a decenas de millones de personas más.
Para hacer frente a la afluencia de enfermos, las autoridades de Wuhan anunciaron la transformación de una decena de edificios públicos (centros culturales, gimnasios…) en clínicas.
En la metrópolis, de 11 millones de habitantes y corazón de la epidemia, se produce una “severa” falta de camas y de “equipo y material”, dijo Hu Lishan, un alto responsable de la ciudad.
El grupo chino de biotecnología BGI anunció el jueves que se ponía en marcha en esta urbe un laboratorio que puede tratar cada día más de 10.000 pruebas de detección del virus.
En China, donde las medidas de confinamiento se intensifican, varias urbes de la provincia de Zhejiang a varias centenas de kilómetros de Wuhan, decretaron nuevas restricciones a los desplazamientos.
En Hangzhou, una metrópolis tecnológica y turística, a unos 150 km al suroeste de Shanghái, que ha registrado unos 200 casos, cortes de calles impedían el paso a la sede del gigante de comercio en línea Alibaba, y la ciudad solo se autoriza la salida de una persona por vivienda cada dos días para avituallarse.
En Zhumadian, Henan, provincia limítrofe con Hubei, solo puede salir a la calle una persona por vivienda cada cinco días y se han prometido compensaciones económicas a aquellos que denuncien a las personas procedentes de Hubei.
Paralizada por las restricciones y el práctico aislamiento del mundo, la economía china podría sufrir las consecuencias durante mucho tiempo.
WASHINGTON, 22 ene (Reuters) – En una lujosa reunión en una finca privada en España, un rico empresario venezolano bajo investigación criminal en Estados Unidos presentó en agosto pasado a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, al padre del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó.Foto de archivo. El abogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Rudy Giuliani, toma un café con el empresario ucraniano-estadounidense Lav Parnas en el Hotel Trump en Washington, EEUU, 20 de septiembre de 2019. REUTERS/Aram Roston/Foto de archivo
Fue parte de un esfuerzo por parte del empresario, Alejandro Betancourt, para demostrar sus estrechos vínculos con figuras de la oposición que buscan terminar el mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que es también un objetivo clave de la administración Trump.
Betancourt le dijo a Giuliani que en secreto ayudó a financiar los esfuerzos de Guaidó para hacerse cargo del liderazgo de Venezuela, según cuatro personas familiarizadas con la situación, dos de los cuales proporcionaron detalles sobre la reunión en España. Betancourt esperaba que esas buenas intenciones permitieran a Giuliani, su abogado, persuadir al Departamento de Justicia a abandonar una investigación sobre el empresario vinculada con un caso de lavado de dinero y soborno en Florida, dijeron las fuentes.
Un mes más tarde, en una reunión en Washington, Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma en el caso de Betancourt, según una persona con conocimiento directo de la reunión y Lev Parnas, un exasociado de Giuliani, quien dijo que fue el propio Giuliani quien le contó al respecto.
Parnas y la otra persona dijeron que Giuliani dijo a los fiscales que Betancourt había brindado asistencia a los esfuerzos políticos de Guaidó y que, por lo tanto, estaba haciendo un buen trabajo para Estados Unidos.
Esta es la primera vez que Parnas detalla su historia sobre Betancourt, Giuliani y Venezuela.
Giuliani declinó confirmar la reunión con los fiscales estadounidenses en nombre de Betancourt y no dijo si el empresario venezolano es un cliente. “Lev Parnas no tiene derecho de hablar sobre esa reunión”, dijo Giuliani a Reuters en una breve entrevista telefónica. “Fue una reunión confidencial, si sucedió”.
“La credibilidad de Lev Parnas no vale nada”, agregó Giuliani.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Betancourt y su abogado Frank Wohl no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.
Guaidó y uno de los principales partidos políticos de oposición, Voluntad Popular, negaron haber recibido fondos de Betancourt. Guaidó a principios de este mes anunció el retiro temporal de su militancia política.
“No conozco al señor Betancourt, no hay relación”, dijo Guaidó a Reuters. “Por lo tanto, eso no es posible”.
Wilmer Guaidó, el padre de Juan Guaidó, negó encontrarse con Betancourt en España. “Solo apoyo a mi hijo como toda la familia contra esa dictadura criminal, pero no he conocido a nadie”, señaló.
La reunión de Giuliani con Betancourt en la finca española, y sus esfuerzos para presionar al Departamento de Justicia en nombre del empresario, fueron informados previamente por el Washington Post.
Reuters es el primero en informar que Betancourt le dijo a Giuliani que brindó apoyo financiero a la oposición de Venezuela y que Giuliani promocionó esa supuesta asistencia a los fiscales estadounidenses como una razón para eliminar la nube legal que persigue a su cliente.
El episodio habla de los complejos roles que Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, ha desempeñado en Washington desde que Trump asumió el cargo en 2017.
Giuliani frecuentemente se identifica como consultor comercial y abogado que atiende a clientes privados. Sin embargo, también disfruta de un acceso extraordinario en los pasillos del poder como abogado personal no remunerado del presidente, un trabajo que lo ha llevado al centro del juicio político que busca la destitución de Trump.
Cualquier intento por parte de un cliente de Giuliani de evitar un posible enjuiciamiento alegando haber respaldado un objetivo de la política exterior estadounidense, el derrocamiento de Maduro en este caso, podría resultar vergonzoso para el gobierno de Trump.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Parnas jugó un papel clave en el esfuerzo de Giuliani de buscar información en Ucrania que perjudicara al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Ahora bajo acusación por violaciones de financiamiento de campaña, Parnas ha estado compartiendo información con los investigadores de juicio político del Capitolio, así como con los medios, sobre el alcance del trabajo que hizo para Giuliani.
Betancourt dijo que “estaba respaldando financieramente a Guaidó”, contó Parnas a Reuters, y que “estaba ayudando a Estados Unidos con su causa”.
Desde enero de 2019, Estados Unidos y decenas de otros países han reconocido a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. Pero Maduro se ha mantenido en el poder para frustración del Gobierno de Trump.
El Gobierno de Maduro dejó de pagar los salarios a los legisladores en 2016 después de que la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional.
Las afirmaciones de que Betancourt ayudó a financiar a la oposición de su país son potencialmente explosivas en Venezuela, donde el magnate forjó una relación rentable con el gobierno socialista. Derwick Associates, su empresa de ingeniería con sede en Caracas, obtuvo cientos de millones de dólares en contratos estatales para construir plantas de energía bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, según los medios locales.
“Las autoridades de Voluntad Popular aseguran que no es cierta la información sobre el supuesto envío de fondos de Alejandro Betancourt a nuestra organización política”, dijo el partido en un comunicado.
La existencia de la investigación criminal estadounidense de Betancourt fue confirmada a Reuters por una fuente familiarizada con el asunto.
El Miami Herald informó en noviembre pasado que la investigación está vinculada a un gran caso de lavado de dinero en Miami, y que Betancourt figura en el caso como un conspirador que no fue acusado.
La imputación de 2018 acusa a ocho personas de haber malversado de 1.200 millones de dólares de la petrolera PDVSA, propiedad del gobierno de Venezuela, y luego haber blanqueado los fondos a través de esquemas en Miami que involucran falsos negocios inmobiliarios y títulos de valores.
Un representante de Betancourt que se negó a ser identificado dijo que el magnate “no hizo nada y que no ha sido acusado de ningún delito”. También dijo a Reuters que el empresario había brindado un apoyo financiero “muy sustancial” a la oposición de Venezuela.
PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios.
En el Departamento de Estado, Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo a Reuters que la administración es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición.
“Nos preocupan quiénes son todas estas personas y cómo hicieron su dinero. Y eso es algo que hemos planteado con la oposición”, agregó Abrams.
Cuando se le preguntó si Betancourt era una de esas personas preocupantes, Abrams dijo: “No hay comentarios sobre nombres individuales”.
Agregó que Giuliani no había sido autorizado para desempeñar ningún papel en la política estadounidense en Venezuela.
“AYUDANDO A ESTADOS UNIDOS”
Parnas dijo que la reunión de agosto en la finca de Betancourt en las afueras de Madrid, y la presencia del padre de Guaidó debían demostrar los fuertes lazos de Betancourt con el opositor y su apoyo a los intereses estadounidenses en Venezuela. Fue para mostrarle a Giuliani “que Betancourt es una persona realmente importante para la causa y que está ayudando a Estados Unidos”, dijo Parnas.
El lobby tuvo lugar en Washington un mes después de la reunión de España. Giuliani se reunió con el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brian Benczkowski, un abogado del Departamento de Justicia que trabaja en el caso, y algunos otros abogados del gobierno, según Parnas y la persona con conocimiento directo de esa reunión.
El portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, quien maneja las comunicaciones de Benczkowski, dijo que el departamento declinó hacer comentarios.
La persona señaló que Giuliani estaba allí con otros dos abogados de Betancourt, y dijo que los fiscales dejaron a Betancourt libre del caso en Florida.
Giuliani primero insistió en que no había pruebas suficientes para procesar el caso. Luego se trasladó a la política exterior de Estados Unidos, señalando el supuesto apoyo de Betancourt a Guaidó. “Este tipo ha estado ayudando a Estados Unidos”, dijo la persona con conocimiento directo de la reunión al describir el razonamiento de Giuliani.
Giuliani argumentó que Betancourt era crucial para la supervivencia de la oposición venezolana, e instó a los abogados del Departamento de Justicia a hablar con Guaidó para corroborar sus reclamos, dijo la persona.
En medio de la crisis que atraviesa la Asamblea Nacional, se filtró el informe preliminar sobre el presunto caso de corrupción que involucra a once (11) diputados de la oposición.
Dentro de las irregularidades señaladas en el borrador del Informe Preliminar resaltan lo siguiente:
Libros de correspondencia
«Se verifica que existen dos libros de correspondencia recibida y dos libros de correspondencia enviada, de la verificación del contenido de dichos libros se puede afirmar que los mismos tienen tachaduras y enmendaduras en el registro de las fechas y numeración de las correspondencias…»
Comunicaciones
«Existen comunicaciones archivadas sin fecha, algunas se encuentran sin firma o sello de la Comisión Permanente de Contraloría y sin numeración o nomenclatura…»
Sellos Oficiales de la Comisión
«La fechadora se encuentra dañada y la recepción de la corespondencia se hace de forma manual, SOLO REPOSA EN LA COMISIÓN EL SELLO DE LA SECRETARÍA, los demás sellos de la Comisión no se encuentran en la misma…»
«…el sello de la Presidencia no se encuentra en el país.»
Irregularidades de procedimiento administrativo
«Se evidencia que existen comunicaciones dirigidas a entes u organismos, sobre investigaciones que no existen o no están siendo llevadas por la Comisión.»
Diputados involucrados en la investigación:
Freddy Superlano (VP)
Conrado Pérez (PJ)
Richard Arteaga (VP)
José Brito (PJ)
Chaim Bucaram (UNT)
Adolfo Superlano
Guillermo Luces (VP)
William Barrientos (UNT)
Héctor Vargas (UNT)
José Luis Pirela (Vente)
Luis Parra (PJ)
A continuación el informe (borrador) preliminar completo:
Recientemente salieron a la luz pública varias grabaciones en las cuales el abogado Ángel Álvarez Oliveros, primo del dueño del Banco Activo, José Antonio Oliveros e hijo de Zonia Oliveros, admite controlar jueces del Circuito Civil Metropolitano de Caracas, así como de la Fiscalía, específicamente aquellos donde cursan acciones contra el “Banco Activo”, y contra su familia por estafa, blanqueo de activo y asociación para delinquir.
Ello ha dado inicio a una investigación en Venezuela sobre cinco jueces, así como también del anillo de corrupción judicial encabezado por José Antonio Oliveros y orquestada por Ángel Álvarez Oliveros, Zonia Oliveros, Norka Cobis y Daniel Abreu Gonzalez.
Ángel Álvarez Oliveros, reside en Miami desde hace más de dos años. Desde ahí gira las órdenes y pagos a los diferentes jueces y fiscales de su red. Su primo, el banquero José Antonio Oliveros Febres Cordero, se fugó con su familia de Venezuela desde agosto 2018, luego que un Tribunal de Control Penal le dictara prohibición de salida del país, y que misteriosa logró levantar en menos de 24 horas. Su tía Zonia Oliveros sin embargo logró huir a pie por la frontera colombo-venezolana, estando actualmente solicitada por la justicia nacional.
INVESTIGACION EN CURACAO
Las autoridades curazoleñas igualmente investigan a BANCO ACTIVO PUERTO RICO y a sus directivos y accionistas, en especial a José Antonio Oliveros, por el supuesto pago de comisiones por un monto cercano al Millón y Medio de Dólares Americanos al presidente del Banco Central de Curacao, Emsley Tromp, a fin de obtener la buena pro para la compra del Giro Bank en la isla. Sin embargo dicha autorización fue rechazada y negada por un fondo importante de pensiones, principal acreedor del Giro Bank, dado los vínculos de Oliveros con el Clan de Rafael Ramírez y su socio Baldo Sansó.
Está investigación ha llevado a la Fiscalía de Curacao a trabajar conjuntamente con el FBI. Alejandro Valencia, presidente del Banco Activo Puerto Rico ha declarado ante el FBI en al menos 3 oportunidades para dar respuestas a esta investigación por corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), estando aún la investigación en curso. José Antonio Oliveros y Ángel Álvarez Oliveros también podrían ser objeto de investigación por violación a esta ley, ya que ambos son funcionarios del banco puertorriqueño, y su manipulación del sistema de justicia venezolano podría acarrearle sanciones importantes, incluyendo prisión.
A continuación el audio de la conversación entre Ángel Álvarez Oliveros y uno de los jueces investigados.
Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido. Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta historia.
Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.
Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.
Eso fue así hasta ahora.
Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.
De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.
Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.
Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.
Invocan a Guaidó para ganar indulgencias
Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.
“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.
Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.
La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.
En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2018. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.
Acumulando millas
La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano.
A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.
También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra, han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.
Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.
Ramal dorado
Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado Parra, que representa a Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.
Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura proforma a nombre de Salva Foods Fze, esta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del negocio de los CLAP, por casi 500.000 euros. El concepto de la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.
El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de nuestro país”.
Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.
Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.
Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también asegurarse una forma de pago difícil de rastrear por las importaciones efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela
El origen de un ‘modus operandi’
La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El asunto no parece casual.
Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid a Caracas en un vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”, respondió Parra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la petición de entrevista.
En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París, Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik.Bg, a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.
Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.
Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, ya reincorporado a la Comisión de Contraloría.
En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela, representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria, encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.
Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.
Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del parlamento.
Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.
La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo entre diputados. En un encuentro digital con los corresponsales extranjeros en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.
Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín, cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más grandes del país debido a que también cuentan con una gran administración logística”, insistía una de las notas de prensa.
Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de Contraloría con esa finalidad.
Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.
En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.
Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas.
El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que “emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”. Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de Armando.info que han revelado esas conexiones a través de Carlos Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en materia criminalística”.
Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy Superlano, aún presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la “plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro y probables artífices de la Operación Maletín Verde, según la bautizó el diputado José Guerra.
El ex jefe de Estado brasileño sostuvo que el líder boliviano no debió presentarse en los últimos comicios. También consideró que “lo que hicieron con él fue un crimen” y “un golpe de Estado”
El ex presidente boliviano Evo Morales, obligado a dimitir hace once días por las protestas contra su polémica reelección, cometió un “error” al buscar un cuarto mandato, consideró el viernes el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista al diario The Guardian.
Lula, que salió de la cárcel el 8 de noviembre tras haber cumplido 19 meses de reclusión por corrupción pasiva y blanqueo -tras un controvertido juicio que lo condenó a casi nueve años de prisión- dio a entender además que puede no presentarse a las elecciones de 2022.
Nada más ser liberado, el ex presidente brasileño había llamado a su Partido de los Trabajadores a reconquistar el poder en manos de Jair Bolsonaro.
Pero en declaraciones al diario británico subrayó que para los próximos comicios él tendrá 77 años y “la Iglesia católica, con 2.000 años de experiencia, jubila a sus obispos a los 75”.
Lula, al que la justicia permitió agotar todos sus recursos judiciales en libertad, precisaría que su sentencia fuera anulada para poder ser de nuevo candidato tras haber ganado las presidenciales de 2002 y 2006.
Evo Morales (REUTERS/Carlos Jasso)
También Evo Morales, de 60 años, había estado casi 14 en el poder cuando intentó hacer valer su polémico triunfo electoral del 20 de octubre para un cuarto mandato hasta 2025.
“Mi amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente”, consideró Lula, pese a denunciar que “lo que hicieron con él fue un crimen” y “un golpe de Estado”.
Observadores de la Organización de Estados Americanos encontraron irregularidades en los comicios de octubre y su principal rival, Carlos Mesa, los calificó de “monumental fraude”, lo que desató masivas protestas en Bolivia.
Morales, que tuvo que asilarse en México tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, denunció un “golpe político, cívico y policial” instigado por la derecha boliviana.
Para poder presentarse a un cuarto mandato, el ex presidente de Bolivia había requerido la habilitación mediante una polémica sentencia del Tribunal Constitucional en 2017, contra lo decidido un año antes en un referéndum nacional.
Victoria’s Secret la empresa de lencería más famosa del mundo anunció que canceló su famoso desfile anual en el cual se presentaban las modelos más famosas del mundo. El hecho constituye una revolución dentro de la compañía que anunció este jueves que la medida se debía a una “evolución” en su estrategia de marketing.
La decisión llega tras un año lleno de polémicas para la firma, luego de que en agosto pasado Ed Razek, el director de márketing de la empresa matriz rechazara contratar modelos trans para los desfiles y fuera despedido de su cargo coincidiendo con la entrada de la brasileña Valentina Sampaio en el catálogo de la firma.
En mayo último la firma ya había anunciado que sus mega desfiles no serían más televisados, un show que le reportaba cuantiosas ganancias por derechos televisivos. Sin embargo, este jueves su director financiero señaló que ni siquiera se haría la tradicional pasarela. “Creemos que es importante evolucionar el marketing de Victoria’s Secret”, dijo Stuart Burgdoerfer. Cuando se le preguntó si el espectáculo sucedería este año, respondió: “Nos comunicaremos con los clientes, pero nada de lo que diría es similar en magnitud al desfile de modas”, indicó en diálogo con el diario The New York Times.
Uno de los motivos que llevaron a los ejecutivos de la corporación a tomar la decisión fue una gran crisis de identidad relacionada con los reclamos por la falta de diversidad exhibida en sus campañas, sobre la pasarela y la mirada de los movimientos feministas que despiertan la conciencia y alimentan la polémica alrededor de este tipo de espectáculos que fijan estándares “imposibles” de belleza. De acuerdo a los estándares actuales, ese tipo de desfiles de mujeres “perfectas” dejan afuera a minorías, desde los talles grandes a diferentes identidades sexuales, como las modelos trans.
Winnie Harlow, Gigi Hadid, Kendall Jenner y Alexina Graham (AFP)
Sin embargo, las cuestiones de género o feministas no fueron todo. En octubre, Victoria’s Secret anunció que despedía a cerca del 15 por ciento de sus empleados, de su sede de Columbus, Ohio. Aunque el desfile de modas alguna vez tuvo un enorme éxito como herramienta de marketing, con más de 12 millones de personas sintonizando el primer espectáculo en 2001, la audiencia disminuyó drásticamente en los últimos cinco años. En el último desfile -en noviembre de 2018- el “desfile de los ángeles” fue visto por más de 3 millones de espectadores en vivo. Fue, sin embargo, la cifra más baja desde que comenzó el show en 1995.
Una cancelación anunciada
Desde julio, los rumores sobre la cancelación del tradicional desfile comenzaron a ganar los titulares de los medios de todo el planeta. Adriana Lima, Gigi y Bella Hadid, Karlie Kloss, Candice Swanepoel, Kendall Jenner, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Sara Sampaio y muchas otras modelos este año habían anunciado su adiós a las alas de Victoria’s Secret.
“Desgraciadamente, no va a celebrarse este año. Me siento rara, porque siempre por estas fechas estoy entrenando como un ángel”, había manifestado la modelo Shanina Shaik en diálogo con The Daily Telegraph, quien participaba del desfile hace ya cinco ediciones, luciendo los mejores conjuntos de lencería de Victoria’s Secret y de la línea Pink, dedicada a un público más adolescente.
En mayo de este año, Les Wexner, CEO de la L Brands, fue quien comunicó primero que el desfile de las ángeles no se iba a transmitir más por la televisión y anticipó que la marca estaba trabajando en un nuevo show: “La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. En 2019, y de aquí en adelante, nos centraremos en el desarrollo de contenido emocionante y dinámico y en un nuevo tipo de evento, que se difundirá entre nuestros clientes en otras plataformas pegadas a la actualidad”.
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