La Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) advirtió al Banco Central de Venezuela (BCV) que la política de encaje legal que se endureció desde febrero, pone en riesgo las transferencias entre bancos, en especial aquellas de montos grandes.

En una carta dirigida al presidente del organismo emisor, Calixto Ortega, los banqueros explican que el encaje legal de 100% (marginal) y 57% (ordinario) que rige desde el 11 de febrero ha reducido drásticamente la liquidez de los bancos, así como su capacidad para otorgar préstamos (intermediación). La misiva, a la que tuvo acceso Banca y Negocios, señala que es la segunda vez que comunican al BCV sus preocupaciones sobre este tema en menos de dos meses.

Como «consecuencia de estas medidas (de encaje), se ha incrementado significativa y rápidamente la tasa de encaje efectivo que mantienen las instituciones bancarias. Desde (…) el 11 de febrero de 2019, hasta mediados de marzo de 2019, la tasa de encaje efectivo promedio semanal se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales, llegado a ubicarse por encima de 60%. Para la banca privada dicho coeficiente se ubicó por encima del 70%. Esto ha tenido un profundo efecto sobre la liquidez de las instituciones bancarias y por tanto sobre su capacidad de intermediar fondos y para proveer servicios transaccionales», explican.

Los efectos de la drástica política de encaje le está causando a la banca una «severa estrechez de liquidez» que ha «generado relevante presiones sobre el manejo de caja de las entidades bancarias, afectando considerablemente la intermediación crediticia, la prestación de servicios transaccionales, los riesgos de liquidez (lo que se refuerza con los aumentos en los límites de crédito de los tarjetahabientes), los riesgos reputacionales y el costo de la gestión de las tesorerías».

En este contexto, los banqueros aseguran que es «necesario el cese completo de las extremas exigencias de encaje», pero que en lo inmediato proponen una «flexibilización en el esquema de encaje legal vigente», por ello piden al BCV «establecer un mecanismo que de tratamiento preferencial, en términos de la normativa de encaje legal, a los financiamientos dirigidos a los sectores que participan en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios esenciales».

Citan como ejemplo de este tipo de medidas las adaptadas para el financiamiento de las temporadas de invierno y verano agrícola en los años 1994, 1995, 1999 y 2004.